Hoy se cumple un año desde que se hiciera efectiva la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que resumimos en los siguientes titulares:
- Muchas negociaciones y pocos avances en las universidades madrileñas.
- Financiación insuficiente para la aplicación de la Ley.
- Las diferentes realidades de las Universidades Públicas Madrileñas, sin financiación, hace que cada rectorado haga “lo que puede” y generen más diferencias entre las universidades públicas, mientras que las privadas ganan terreno y crecen.
- Aumento de las diferencias entre el profesorado de las universidades públicas.
- Seguimos sin los procesos de estabilización que marca la Ley y ni existe una posibilidad de satisfacer la estabilización del profesorado debidamente acreditado que ocupa puestos de interinidad, con independencia de que sea laboral o funcionarial.
- La única solución parcial, prueba de su fracaso, es el retraso hasta finales del curso 2027-2028 de la aplicación de la Ley, mientras llega un acuerdo de financiación entre comunidades autónomas y gobierno.
Y, entre tanto, un mayor menoscabo de los derechos y la Acción Social, seguimos alejándonos de lo que teníamos en 2012.
Ha sido un año intenso, en el que se han producido muchas negociaciones y pocos avances en términos reales en las universidades madrileñas, debidos a una financiación insuficiente y a la diversidad de realidades que han ido apareciendo durante el camino.
Si bien es cierto que la LOSU busca, entre otros objetivos, la adaptación de la universidad a las necesidades de la sociedad actual, el desarrollo de una carrera docente establecida por un itinerario bien definido que ayude a la eliminación de la precariedad del profesorado, el fomento de la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad o la internacionalización de los campus; nos encontramos con la realidad de haber fallado en lo fundamental: la financiación.
El contexto político que se vive, en el que cada decisión es un nuevo campo de batalla entre el Gobierno Central y la mayoría de los regionales, ha hecho que nos encontremos con unas universidades que tienen que cumplir una ley y no disponen de dinero para hacerlo.
El resultado, al menos en Madrid, es una vuelta al año 2012, con cada rectorado haciendo lo que puede y generando más diferencias entre las universidades públicas, mientras que las privadas ganan terreno y crecen. Es imperativo recordar una realidad: el 12 de abril de 2023 ninguna partía desde la misma posición, pues el resultado de abordar la crisis de 2008 generó distintas realidades. Mientras que unas piensan cómo retener al profesorado que ha formado durante los últimos años, otras dan por hecho que se producirán despidos.
Deberían estar en marcha los procesos de estabilización de empleo, bien sea por el mandato que establece la LOSU o porque se ejecuten las ofertas de públicas previstas en el marco normativo: la repesca (artículo 217 del Real Decreto-Ley 5/2023) y las distintas tasas de reposición contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Hoy sabemos que la Comunidad de Madrid no tramitará la definida por el artículo 217 y, aunque existe una probabilidad elevada de que apruebe la tasa específica de reposición, cuyo objetivo, recordemos, es la reducción de la temporalidad en el empleo del sector público al 8 %, todavía está en el aire cuándo, cómo y cuántas plazas serán.
En cambio, la realidad es que todavía no se han puesto en marcha los procesos que “estabilizaría” al profesorado asociado, ni se han convocado las plazas de Ayudante Doctor para que aquellas personas que quieran iniciar la carrera docente tengan la oportunidad de hacerlo, ni existe una posibilidad de satisfacer la estabilización del profesorado debidamente acreditado que ocupa puestos de interinidad, con independencia de que sea laboral o funcionarial.
La solución parcial es el retraso de la adaptación de la docencia hasta finales del curso 2027‑2028 mientras llega un acuerdo de financiación entre comunidades autónomas y gobierno central en lo que se ha convertido en una nueva guerra política cuyo campo de batalla es cada uno de los campus universitarios públicos y las víctimas, una vez más, quienes habitan en ellos. ¿El problema? Determinar cuál es el peso que corresponde a cada una de las partes.
Por el medio, un nuevo sistema de acreditaciones que ha creado, por no variar, mucha controversia, pues, si bien es cierto que la propuesta podría ser buena, su ejecución dependerá del criterio individual de cada una de las comisiones de valoración, lo que se traduce en indefensión y la posibilidad de que existan para currículos similares resultados dispares.
Y, entre tanto, un mayor menoscabo de los derechos y la Acción Social. Con la sombra generada por la Comunidad de Madrid y su nuevo recorte bajo el brazo, esta vez del premio de jubilación, seguimos con desigualdades entre las distintas universidades. Lo que unas recuperan, otras ni se lo plantean. Y seguimos alejándonos de lo que teníamos en 2012.
La Comunidad de Madrid no ayuda en esta travesía: restricciones presupuestarias, bloqueo y disminución de derechos y fomento de las oportunidades de negocio para las universidades privadas.
En el grupo de trabajo creado por el Ministerio para abordar la situación generada por la LOSU, desde UGT demandamos la financiación que hace falta para su implantación, con independencia de quién corresponda asumir mayor o menor responsabilidad sobre ella y recordamos que no todos los problemas están en el profesorado asociado: también en otras figuras docentes e investigadoras y en el PTGAS.
En nuestro ámbito madrileño, desde UGT continuaremos negociando la adaptación al nuevo marco normativo en las paritarias, realizaremos las aportaciones que sean necesarias a la ley regional de la universidad madrileña para dignificar la profesión docente, denunciaremos la vulneración de los derechos de las empleadas y empleados de las universidades y defenderemos unos servicios públicos de calidad y a la altura de las necesidades de la sociedad.
