El pasado 11 de octubre, la Viceconsejería de Universidades, Investigación y Ciencia convocó una reunión con los sindicatos para abordar las líneas maestras de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia.
A pesar de las imprecisiones en la convocatoria y otras cuestiones de carácter formal, UGT ha asistido a la reunión con el ánimo de defender los intereses de la universidad pública madrileña.
Por ello, para nuestro sindicato es fundamental:
- Constituir la Mesa General de Universidades públicas, como garantía y foro acreditado para llegar a acuerdos vinculantes.
- Disponer de un texto del articulado de la futura Ley con el fin de poder realizar propuestas más concretas.
- Recordar que el periodo de consulta pública anunciado por el Gobierno Regional ha sido infructuoso porque no existía un texto sobre el que proponer mejoras, si bien se ha informado durante la reunión de que se realizará una nueva consulta con el posible proyecto de Ley.
- También hemos indicado que es necesario y urgente conocer cuál es la visión del Gobierno Regional para una posible Ley de Universidades madrileña, antes de encontrarnos con una legitimación de la política de proliferación de las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas.
- Recuperar una financiación adecuada, sostenida y sostenible.
Durante esta reunión, los ejes de las intervenciones de UGT se han centrado en los siguientes aspectos: condiciones de trabajo del personal de las universidades públicas, financiación de los campus dependientes del Gobierno Regional y la defensa de la autonomía universitarias.
Condiciones de trabajo del personal de las universidades públicas madrileñas
Durante la reunión hemos expuesto la delicada situación del colectivo del profesorado Ayudante Doctor que se dará cuando alcancen sus últimos años de contrato en una situación en la que las tasas de reposición de las universidades públicas madrileñas son bajas o insuficientes y, por lo tanto, sin una oportunidad de continuidad en el puesto de trabajo. Y, en estos momentos, esta situación se puede agravar en el futuro con la puesta en marcha del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador de las Universidades Públicas Españolas (María Goyri).
Por este motivo, una vez más defendemos que la futura Ley debe incluir apartados que permitan la promoción y el desarrollo profesional del PDI Laboral, por un lado, y garantizar un sistema de acreditación en el ámbito de la Comunidad de Madrid que permita competir en igualdad de condiciones con las comunidades que sí tienen sus propias agencias, por el otro.
Igualmente, hemos expresado nuestra preocupación por el requisito de acceso que se quiere establecer en la figura de Ayudante Doctor por el que sería necesario una estancia de dos años en una universidad distinta a la que se expidió el título de Doctor. Con el marco jurídico de aplicación, puede suponer una medida elitista y un aumento la brecha de género.
Financiación pública
Desde UGT hemos defendido un modelo de universidad pública financiada al completo con presupuesto público, el cual debe alcanzar el 1 % del PIB, tal y como determina la LOSU. Hemos recordado que los niveles de financiación del año 2025 serán los equivalentes a los del año 2009 y la subsistencia de las universidades durante los últimos ejercicios se debió a las indemnizaciones de las distintas sentencias ganadas hace diez años.
No puede ser que se tengan que cerrar zonas de los edificios de nuestros campus porque no se pueden acometer las reparaciones que requieren o no se pueden inaugurar por la imposibilidad de la aclimatación de sus aulas; que la nominativa no esté sustentada al completo por el presupuesto que se recibe del Gobierno Regional; o no se puedan acometer las obligaciones de la Acción Social bajo el pretexto del derogado Real Decreto-Ley 20/2012.
Desde UGT hemos solicitado que en los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid se comience a mejorar la financiación de las universidades públicas en las cuantías reconocidas en la LOSU.
Autonomía universitaria
Algunas situaciones que se recogen en el documento filtrado durante el verano sobre la visión de la futura Ley nos plantean serias dudas sobre el desarrollo de la autonomía y vida universitaria, como es el caso de la libertad de expresión o el derecho de reunión y asamblea. Desde UGT hemos solicitado una aclaración al respecto, así como recordado que ya existe regulación al respecto.
Además de lo planteado, hemos solicitado una aclaración sobre la regulación específica que se describe en el documento para las universidades online, así como el alcance de las medidades de nivel mínimo de conocimiento del español para poder ser estudiante de un grado en Madrid, para la que sí que nos pudieron adelantar que será de aplicación tanto para la públicas como las privadas.
Todavía queda mucho por hacer
La futura Ley reúne en un mismo texto las enseñanzas superiores (artísticas, deportivas y formación profesional superior) y a la universitaria. Ante tal situación, se planteó la preocupación sobre cómo se procederá a la regulación y ordenación de los distintos estudios, entre otras, en materia de profesorado o uso compartido de instalaciones entre centros especializados y las universidades. Desde el Gobierno Regional se explicó que cada una de las enseñanzas se mantendrá independiente y que, por lo tanto, no estamos ante una integración de diferentes sistemas educativos.
UGT considera que esta reunión ha sido insuficiente porque todavía quedan muchos problemas por abordar y los que se han tratado se hicieron de una manera superficial y requieren de un debate más profundo. Entre otros, vemos la necesidad de que exista una regulación más profunda dedicada al PTGAS que establezca la obligatoriedad de la existencia de catálogos de funciones, genere una igualdad efectiva de condiciones de acceso a los puestos de jefatura, se encuadre de una manera real al personal de investigación en los colectivos de PDI o PTGAS con arreglo a sus funciones y se les haga partícipes de un convenio, entre otras.
Entendemos que estamos ante una posible Ley que podría recoger y regular políticas en materia de prevención de riesgos laborales con el establecimiento de auditorías obligatorias periódicas para verificar el cumplimiento de la normativa en este campo, como ya se realiza en la AGE.
Hay que debatir sobre los planes de formación de las universidades y la necesidad de preparar al personal de las universidades para la nueva era basada en los cambios que traerá la Inteligencia Artificial y comenzar a recoger políticas formativas en soft skills.
Debemos asentar por Ley la protección de la Acción Social y romper la tendencia que existe en la actualidad por parte de los rectorados de no reconocer su existencia y limitarla cada vez más.
Y falta ahondar más en el articulado que tendrá que ver con el PDI, pues durante la reunión se expusieron las líneas generales de un problema incipiente y que requiere de un movimiento rápido que evite el recorte de las plantillas que se vive este curso, pero son muchos los problemas y situaciones que faltan por tratar.
Os seguiremos informando.
