El 16 de octubre, la Viceconsejería de Universidades, Investigación y Ciencia convocó una reunión con la representación del PTGAS en el ámbito de cada una de las universidades públicas madrileñas para abordar las líneas maestras de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia.
A este respecto, desde UGT lamentamos el criterio adoptado por las universidades Autónoma, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos al acudir a esta reunión con una representación del PTGAS desde la perspectiva de sus gerencias, a diferencia de las universidades de Alcalá y Carlos III que acudieron con una representación sindical.
Al igual que hiciéramos el pasado día 10 de octubre, para UGT son fundamentales las siguientes líneas de trabajo y compromisos:
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Constituir la Mesa General de Universidades públicas, como garantía y foro acreditado para llegar a acuerdos vinculantes.
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Disponer de un texto del articulado de la futura Ley con el fin de poder realizar propuestas más concretas.
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Recordar que el periodo de consulta pública anunciado por el Gobierno Regional ha sido infructuoso porque no existía un texto sobre el que proponer mejoras, si bien se ha informado durante la reunión de que se realizará una nueva consulta con el posible proyecto de Ley.
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También hemos indicado que es necesario y urgente conocer cuál es la visión del Gobierno Regional para una posible Ley de Universidades madrileña, antes de encontrarnos con una legitimación de la política de proliferación de las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas.
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Recuperar una financiación adecuada, sostenida y sostenible.
Ya en el ámbito más específico del PTGAS, desde UGT hemos defendido:
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En el documento, supuestamente remitido por la Comunidad de Madrid con las líneas maestras de la posible Ley, no se ha localizado información relativa al PTGAS. Se ha pedido conocer cuál es la visión de la Comunidad de Madrid con respecto a este colectivo.
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Se deben eliminar las restricciones impuestas en los presupuestos en lo que concierne a derechos y garantías sociales, tasas de reposición que se permiten desde el Gobierno central, como ha sido la situación que se ha dado durante estos dos últimos años con la no tramitación por parte del Gobierno regional de la tasa adicional regulada en el artículo 217 del Real Decreto-Ley 5/2023 o el retraso de casi de un año de la autorización de la tasa específica a las universidades públicas madrileñas.
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Abrir más procesos de estabilización para el PTGAS de las universidades y, así, alcanzar el objetivo del 8 % máximo de temporalidad.
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Debe limitar los puestos directivos al PTGAS y centrar en el PDI aquellos que sean de gestión académica.
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Resulta fundamental establecer por ley la existencia de un catálogo de funciones. La inexistencia es un factor contemplado en los riesgos psicosociales y genera una gran indefensión al PTGAS.
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Reconocer al conjunto del PTGAS el derecho a percibir el complemento de carrera horizontal, como ya ocurre en otras comunidades autónomas y reconducir la lectura que se hace desde algunos estamentos sobre su exclusividad para el PTGAS funcionario.
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Limitación de contratos de Alta Dirección con la definición de los casos en los que se permite la figura, tales como la imposibilidad de realizar estos contratos si existe un puesto en la RPT que podría realizar el personal funcionario o laboral de plantilla.
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En la actualidad, existe PTGAS de financiación finalista ajena a la Ley de la Ciencia sin adscripción a convenio. Para este y todo el personal cuya nómina de paga por las universidades públicas, se pide que exista la obligación de reconocer su pertenencia a uno de los convenios colectivos, bien sea PDI o PTGAS, según el caso.
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La Ley debe recoger la obligación de realizar auditorías periódicas en Prevención de Riesgos Laborales y así garantizar que se cumplen las normativas y obligaciones en esta esfera.
TODAVÍA QUEDA MUCHO POR HACER
Al igual que la del pasado día 10 de octubre, UGT considera que esta reunión ha sido insuficiente porque todavía quedan muchos problemas por abordar y los que se han tratado se hicieron de una manera superficial y requieren de un debate más profundo. Entre otros, entendemos que estamos ante una posible Ley que podría recoger y regular políticas en materia de prevención de riesgos laborales con el establecimiento de auditorías obligatorias periódicas para verificar el cumplimiento de la normativa en este campo, como ya se realiza en la AGE.
También hay que definir políticas de Igualdad y corresponsabilidad efectivas que ayuden a eliminar la brecha de género, pues todavía queda mucho por avanzar como vemos a diario en el colectivo. Es vergonzoso ver cómo desde algunas universidades se critica hechos como el hacer uso de permisos relacionados con el cuidado menores y personas dependientes y que se acentúan cuando se solicitan por personas en puestos de dirección.
Hay que debatir sobre los planes de formación de las universidades y la necesidad de preparar a su personal para la nueva era basada en los cambios que traerá la Inteligencia Artificial y comenzar a recoger políticas formativas en soft skills.
Debemos asentar por Ley la protección de la Acción Social y romper la tendencia que existe en la actualidad por parte de los rectorados de no reconocer su existencia y limitarla cada vez más.
Falta ahondar más en el articulado que tendrá que ver con el PTGAS, pues durante la reunión se expusieron las líneas generales de un colectivo continuamente olvidado y que requiere de un movimiento rápido que evite el recorte de las plantillas que se vive durante los últimos años.
Además, la futura Ley debe definir y garantizar una carrera profesional para el PDI y establecer la garantía de los derechos que recoge la LOSU en cuanto a la estabilidad en el puesto de trabajo.
Resulta imprescindible que se tome consciencia de que el futuro de la universidad pública en Madrid está en juego y existe la necesidad de que la comunidad universitaria actúe coordinada para alcanzar el interés común de detener el sangrado continuo al que se somete a nuestros campus públicos y conseguir que la vocación de servicio público se cumpla. No se puede repetir la situación vivida durante la reunión, en la que la UAM, UCM, UPM y URJC en lugar de acompañar, decidieron suplantar a la representación de las personas trabajadoras y exponer una visión que no recoge los problemas del colectivo y que se centra en los propios como gestores de una empresa pública, a diferencia de la UAH y la UC3M que han sabido entender en qué momento estamos y cuál es el contexto de cada reunión.
