UGT se posiciona con la universidad pública madrileña

Durante las últimas semanas, circula por distintos foros un texto que viene a recoger un articulado que da continuidad a aquel que apareció hace unos meses con unas líneas generales de lo que sería la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC). Si bien, la autoría de este articulado no ha sido reconocida ni desmentida por el Gobierno regional, sí recoge los mensajes enviados por su Presidenta Isabel Díaz Ayuso y su Consejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana en las distintas intervenciones que han realizado durante el último año y que podemos resumir en un: no a la universidad pública, no al profesorado de la universidad pública, no al PTGAS y sí a la universidad privada.

Si en el supuesto documento filtrado del último verano ya se apreciaba que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretendía legitimar el modelo de desmantelamiento de la universidad pública que lleva ejecutando durante más de quince años con la misma fórmula que empleó para la sanidad madrileña, vemos en el documento que circula estos días una confirmación.

Ante una situación que se agrava con el paso de los meses, tal y como hemos ido comprobando, debemos hablar claro y actuar con la obligada responsabilidad para revertir la situación que se vive.

En el ámbito de la financiación, el articulado establece un modelo que supone para las universidades públicas un recorte del 30 % de sus presupuestos al tener que buscar financiación externa (no consolidada y variable de año en año) en otros ámbitos de la Administración, de la empresa privada o fondos de inversión, en lo que podría interpretarse como una privatización parcial de lo público. Además, la Comunidad de Madrid elude su obligación financiera con los campus madrileños supeditándola a la suficiencia económica de la región y olvida el compromiso de llegar a unos presupuestos basados en el 1 % del PIB, tal y como recoge el artículo 55 de la LOSU. Vemos importante recordar que durante este año se negocia en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades este desarrollo de la Ley.

En el caso del Profesorado Permanente Laboral, reconoce las acreditaciones de las agencias autonómicas, además de la estatal, que será la única en la que podrá acreditarse el profesorado madrileño al no poner en marcha una regional propia.

Además, para el acceso a un puesto de Ayudante Doctor se establece la necesaria desvinculación durante dos años de la universidad en la que se consiguió el doctorado, que convertiría la inversión realizada por las universidades públicas en la formación de personal docente e investigador en un gasto que podrían aprovechar las privadas para ganar capacidad investigadora.

Sumemos los posibles recortes salariales derivados de la necesidad de autofinanciación del 30 % del presupuesto universitario.

El articulado supone un retroceso para el PTGAS, al limitar la autonomía universitaria en materia de gestión de personal. La obligación de que la Comunidad de Madrid autorice los costes de este colectivo introduce un control externo que puede dificultar la creación de plazas, la estabilización y la planificación de plantillas estructurales. A ello se suma un modelo de financiación que fuerza a las universidades a cubrir hasta un 30 % de sus costes mediante ingresos externos, lo que traslada al PTGAS una presión adicional sin garantizar estabilidad ni reconocimiento. Pese a promover un discurso de especialización y profesionalización, el texto omite cualquier desarrollo normativo específico sobre su carrera profesional, progresión interna o retribución por funciones avanzadas, lo que agrava la invisibilidad institucional de este colectivo esencial para el funcionamiento de las universidades.

Facilita y agiliza la creación de universidades privadas, incluso, entendiendo como positivo el silencio administrativo si tras seis meses de presentación de la solicitud de trámite, no hubiese respuesta por parte de la Dirección General con competencias en Universidad. Esta regulación choca con la intención del Gobierno central de modificar la LOSU y hacer vinculante los informes técnicos elaborados por el Ministerio con competencias en Universidad. La última universidad pública madrileña se creó en el año 1996, mientras que las últimas que se ponen en marcha no cuentan con informes favorables de viabilidad de ningún tipo. Desde UGT advertimos desde hace tiempo que la universidad privada madrileña se ha convertido en una burbuja que cuando explote, arrastrará a la pública.

La ejecución del articulado reduce la capacidad de autogestión de las universidades públicas dotando de un mayor protagonismo a los consejos sociales en los que la representación del interés público es minoritaria. Tomarán decisiones en puntos clave como los presupuestos o los planes estratégicos, titulaciones o precios públicos. Además, entre otras funciones, serán los encargados de fomentar la captación de privados o la supervisión de los complementos retributivos del personal de las universidades.

El articulado introduce una ambigüedad preocupante respecto a la protección de los derechos fundamentales en el ámbito universitario, al establecer que las universidades deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su cumplimiento. Este enfoque, que supedita la autonomía universitaria a una interpretación amplia de la protección de derechos, abre la puerta a que una protesta estudiantil o del personal universitario pueda ser considerada una alteración del orden público, legitimando una posible intervención policial sin el requerimiento expreso del rectorado. Esta formulación supone, de facto, un riesgo para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de reunión dentro de las universidades, al trasladar a las autoridades externas, como el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la capacidad de valorar qué conductas vulneran derechos y justificar su represión, debilitando con ello la autonomía universitaria como espacio privilegiado de debate, crítica y participación democrática.

Desde UGT reclamamos, una vez más, un diálogo real que permita alcanzar un texto consensuado con la comunidad universitaria que respete a la Universidad Pública. Ante esta situación, tanto si eres PDI, PTGAS, personal de investigación, estudiante, acude el próximo día 3 de abril a las 17:30 horas a la Puerta del Sol para que se escuche la voz de la universidad junto a la ciudadanía en favor de la universidad pública.