Recientemente, el Comité de empresa de PDI emitió un comunicado que no recoge el punto de vista de la totalidad de los miembros del órgano. Por este motivo, las secciones sindicales de CC.OO. y UGT en la URJC emitimos este comunicado conjunto con relación a las últimas medidas que se han adoptado por parte del equipo de gobierno de nuestra Universidad.
Como os habrán comunicado durante estos días en vuestros departamentos, el Consejo de Gobierno aprobó tres medidas que afectan a los derechos adquiridos sobre la carga y descarga docente de cursos anteriores y que serán aplicables al próximo curso académico 2025-2026.
Es pertinente señalar que estas medidas no se han negociado con los órganos de representación y que tampoco se ha aportado ningún tipo de documentación que avale su aplicación y explique la supuesta situación de crisis a la que se alude por parte del nuevo rectorado. Rechazamos que se planteen propuestas sin informes de viabilidad, sin datos objetivos y sin una evaluación rigurosa que tenga en cuenta la diversidad de realidades que conviven en esta universidad. Consideramos que cualquier medida de este calado debe ser fruto de una negociación transparente, con la participación activa del Comité de Empresa y con la documentación técnica que permita valorar su impacto real. Asumiendo la existencia de informes que pudieran sugerir la aplicación de las medadas propuestas y que estos se habrían facilitado al Consejo de Gobierno, pedimos que se compartan con el conjunto de la comunidad universitaria.
También consideramos importante aclarar que no todas las secciones sindicales están de acuerdo con estas medidas y que no la totalidad de los miembros de los órganos de representación las apoyan. Por lo tanto, cualquier información que se haya dado en este sentido en cualquier foro de la URJC durante estos días que no sea en esta línea es completamente falsa.
Las medidas adoptadas generan una profunda preocupación en cuanto al compromiso institucional con los principios de equidad, responsabilidad y respeto a la comunidad universitaria.
Se ha aplicado una solución uniforme a realidades académicas muy dispares, lo que, de facto, va a provocar un incremento de carga laboral docente en la mayor parte del profesorado y un mayor coste donde la ratio carga/fuerza ya estaba ajustada. La falta de interlocución y la aplicación de medidas generalizadas, sin consideración a las trayectorias ni a la diversidad de situaciones internas de los departamentos no parece que pueda tener el efecto pretendido. Además, la urgencia no puede traducirse en precipitación, que conlleva errores, como el envío con pocos días de diferencia de versiones de los planos de fuerza docente con numerosos errores, obligando, con cada nuevo envío, a reelaborar el POD del departamento o área afectada.
Por todo ello, es necesario recordar que la legitimidad de una decisión no se basa únicamente en su legalidad o eficacia, sino también en su justicia, proporcionalidad y coherencia con los valores que una universidad pública debe encarnar: el respeto, la participación, el reconocimiento y la equidad.
Las medidas adoptadas deterioran significativamente la calidad y condiciones laborales del profesorado más vulnerable, especialmente aquel sin plaza consolidada, dificultando su estabilidad profesional, libertad de cátedra y conciliación personal. Lo que es más grave, la primera de las medidas supone, a todas luces, un trato discriminatorio basado, exclusivamente, en la condición de temporalidad del personal al que afecta.
Además, estas decisiones generan desventajas competitivas en investigación, tanto frente a otras universidades como dentro de la propia URJC, al reducir el tiempo disponible para investigar, lo que puede afectar negativamente a la calidad científica y las evaluaciones necesarias para acceder a proyectos competitivos. Además, la priorización de criterios de autofinanciación por volumen de matrícula, sin evaluación rigurosa de la calidad, condujo en su momento a escándalos que deterioraron gravemente la imagen de la URJC y del sistema universitario público en su conjunto. Ya entonces, los principales perjudicados no fueron las figuras políticas implicadas, sino los estudiantes y el personal académico, que aún hoy arrastran el estigma reputacional de aquella etapa.
La práctica de “adecuar” las cifras de necesidad docente al personal disponible, sin transparencia ni participación, encubre en realidad una política de recortes estructurales y una estrategia de reducción de efectivos que puede derivar en la no renovación de contratos y en la inestabilidad profesional de numerosos compañeros y compañeras.
Por todo lo expuesto, quienes suscribimos este comunicado manifestamos el rechazo a las medidas planteadas por la URJC por considerarlas contrarias a principios éticos, a la legalidad vigente, a la responsabilidad institucional, a la equidad y al compromiso con el servicio público, así como a las consideraciones técnicas, académicas y financieras que deben regir la adopción de decisiones en el ámbito universitario.
